El juez de Instrucción en lo Penal de Monteros, Mario Velázquez, ordenó la detención con la modalidad domiciliaria de Margarita Mamaní, la dirigente indigenista que se estableció en el kilómetro 48 de la ruta 307 para vigilar el acceso a los Valles. El magistrado dispuso la privación de la libertad de la comunera por la presunta perpetración de los actos ilícitos de violación de las medidas para impedir la propagación de una pandemia; impedimento o entorpecimiento del transporte de personas por tierra; usurpación de autoridad e instigación a la comisión de delitos. La Guardia de Infantería de la Provincia estaba practicando la medida en este momento, según informaron fuentes judiciales.
Polémica por el aislamiento en los Valles: “Mamaní infringe la ley y comete delitos”Mamaní y un grupo de compañeros montó una carpa a la vera de la ruta 307, en el lugar conocido como puente Ing. Roberto Robles Mendilaharzu, el 19 de marzo. En ese ámbito recibió la visita de numerosos funcionarios, entre ellos, el intendente tafinisto Francisco Caliva, el legislador oficialista Jorge Yapura Astorga, y el ministro de Seguridad Ciudadana, Claudio Maley. En una entrevista concedida a este diario ayer, Mamaní había comentado que la fiscala Mónica García de Targa había “ido a sacarla” hace más o menos tres semanas, y que “400 hermanos la apoyaron”, y logró quedarse en el lugar. El 24 de abril, Enrique Cruz denunció a la indigenista: dijo que cometía abusos de poder, además de violar la cuarentena. Tanto Mamaní como Cruz se presentan como caciques de la misma comunidad indígena diaguita de El Mollar.
Velázquez ordenó el desalojo de todos los civiles presentes en el puente Robles Mendilaharzu. “Esta medida deberá ser desarrollada por la Infantería en el ámbito del Comité Operativo de Emergencia creado por el Decreto 665/2020. Y dadas las características de la medida ordenada, la jefatura de la Guardia de Infantería deberá pedir la colaboración de personal de las fuerzas federales que conforman dicho Comité: Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuarias (todas agencias a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación)”, precisó el juez. No obstante ello, fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que las fuerzas federales no se habían presentado, y que su ejecución estaba en manos de la Provincia y de la cartera de Maley.